“Incidentes” en el Metro son utilizados para sostener teoría de la conspiración
Miguel Ángel Rivera miércoles 25, Ene 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En el desesperado esfuerzo por rescatar la candidatura presidencial de la “corcholata” favorita, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la llamada Cuarta Transformación ha llevado al extremo la teoría de la conspiración con la cual se tratan de invalidar las fallas en el manejo del Metro capitalino que han derivado en fatales accidentes.
Sin embargo, salvo que se haya ocultado información en aras de la alegada secrecía de las investigaciones policiacas, hasta ahora no se conoce ninguna prueba contundente acerca de los supuestos actos de sabotaje. Lo más que se ha presentado a la opinión pública es el resto de unas aspas de una lavadora y una lata de cerveza.
También a últimas fechas, desde el gobierno capitalino se hace un esfuerzo en presentar la administración de Sheinbaum por mejorar el transporte público y crear condiciones para facilitar la movilidad de los vecinos, pero todo ello no hace olvidar —porque allí están los datos contundentes del ejercicio del presupuesto— que desde 2018 ha disminuido el dinero asignado a este vital sistema de transporte colectivo.
En contra de esos esfuerzos por salvar la imagen de la mandataria capitalina, se registran nuevos accidentes —“incidentes” para las autoridades locales— que refuerzan las suposiciones acerca de descuido en los programas de mantenimiento.
Por ejemplo, el lunes 23, El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suspendió las operaciones en el tramo San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto, de la Línea 7, debido a un percance que provocó una densa nube de humo en la terminal Barranca del Muerto y por la cual se desalojó a los usuarios, una treintena de los cuales requirió atención médica y de ellos unos 15 tuvieron que ser atendidos en un hospital, aunque posteriormente se informó que habían sido dados de alta.
El director del Metro, Guillermo Calderón, informó que el incidente fue producto de un connato de incendio en los cables de alta tensión del convoy a nivel de vía: “No tocó ni afectó a ninguno de los trenes”, aseguró.
Sin embargo, poco después, la “autónoma” Fiscalía General de la CDMX, encabezada por la fiscal “carnal”, Ernestina Godoy, inició averiguaciones para encontrar pruebas de un supuesto atentado.
Pero las pesquisas de la Fiscalía capitalina no han sido suficientes para conjurar los “incidentes”, ni mucho menos para confirmar las sospechas de atentados.
Por el contrario, al día siguiente, ayer martes por la mañana se reportó otro caso “inusual” o “atípico”: Un vagón de un convoy se “ladeo”. Las autoridades informaron que se tuvo que “reincorporar” el vagón de uno de los trenes en las vías secundarias del patio de maniobras de El Rosario de la Línea 6.
De inmediato se rechazó la presunción de que el referido vagón se hubiese descarrilado. ¿Si no se salió de su carril, por qué fue necesario “reincorporarlo”?
De cualquier forma, la Fiscalía capitalina inició de inmediato una carpeta de investigación por el “ladeo” de dicho vagón.
Técnicos de las aéreas de Material Rodante, Instalaciones Fijas y Transportación, realizaron el acoplamiento del vagón del tren para colocarlo en su posición habitual y trasladarlo al “garaje” de la Línea 6 a fin de que se revisara.
Además de descartar que se tratara de un descarrilamiento, el Metro destacó que el servicio de la línea que va de El Rosario a Martín Carrera no se vio afectado y funcionó con normalidad.
A pesar de ser considerado un incidente “inusual”, usuarios del Metro recordaron que, el 22 septiembre de 2022, en la Línea B del Metro quedaron atrapados por varios minutos en el tramo de San Lázaro a Morelos, tras reportarse humo dentro y fuera del tren.
De acuerdo con las notas informativas de esa fecha, un usuario que viajaba en este transporte comentó que el vagón “casi se voltea”.
No obstante, tales antecedentes, la fiscal Godoy reveló que se había iniciado una quinta carpeta de investigación por los incidentes ocurridos este año en las instalaciones del Metro. La funcionaria evitó darles la categoría de sabotajes, pero, enfatizó: “No son típicos”.
Entrevistada antes de rendir su tercer informe de labores, la fiscal adelantó que en los próximos días “estaremos dando los primeros resultados” de las investigaciones realizadas en el Metro.
La primera carpeta se inició tras el choque de dos trenes en la interestación Potrero-La Raza de la Línea 3, el 7 de enero, que dejó una persona muerta y 106 lesionadas y donde se detectó que faltaban varios metros de cable.
Otra carpeta se abrió tras encontrarse en una camioneta particular la caja negra de uno de los trenes que chocaron en dicha línea.
La tercera averiguación arrancó el 15 de enero, luego de separarse dos vagones de un tren en la estación Polanco de la línea 7, debido a que estaba un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad.
A esas investigaciones se sumó otra por el robo de varios metros de cable de cobre en vías, carriles e intersecciones importantes de la red, y la quinta es la de este lunes, luego de un corto circuito por la ausencia de cable en la estación Barranca del Muerto, nuevamente en la Línea 7.
“Estamos investigando, no quiero dar la categoría de sabotaje, pero hay una serie de incidentes o accidentes terribles, como el de Línea 3, que no son típicos. No va a haber impunidad, pero tampoco fabricación de delitos”, aseguró Godoy, quien evidentemente mantiene viva la teoría de la conspiración.
“El INE no puede someterse a las reglas del gobierno federal”
“Sujetar al INE a normas administrativas y presupuestarias que regulan al Ejecutivo federal, cuyas autoridades encargadas de su vigilancia e interpretación son las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público u obligar la instalación de módulos en edificios de gobiernos federales, estatales y municipales, vulnera la autonomía constitucional y la independencia que el órgano electoral debe tener con respeto a los actores políticos —incluidos gobiernos emanados de las elecciones que el propio INE organiza— , con el riesgo de generar inmovilidad institucional”.
Así dice uno de los párrafos que se pueden considerar centrales de un amplio documento, de 164 páginas, preparado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que se puede considerar una respuesta al llamada “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar el sistema electoral del país, cuyo punto central consiste en limitar la capacidad del referido Instituto, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Puntos destacados de ese documento fueron publicados por La Jornada, en nota firmada por Fabiola Martínez, en la cual destaca que el documento del INE establece que sujetarlo a las reglas presupuestales de la Administración Pública Federal significa intervención gubernamental y vulnerar su autonomía.
Además, advierte “repercusiones negativas” y un cambio “regresivo” en perjuicio de la organización de las elecciones y de la competencia política, principalmente como consecuencia del adelgazamiento de la estructura del INE.
Asegura que el recorte o reconfiguración de procedimientos “no responden a criterios técnicos, sino de oportunidad política”.
Advirtió que sujetar al INE no a sus propias reglas, sino a normas presupuestarias de la Administración Pública Federal vulnera su autonomía e independencia, lo cual generaría “inamovilidad institucional”.
Por estas razones, agrega, “la reforma produciría un efecto regresivo incompatible con el principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, conforme a los criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Por cierto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda (PAN), anunció que las bancadas del PAN, PRI y PRD, presentarán ante la Suprema Corte de Justicia una nueva acción de inconstitucionalidad contra las reformas que se hicieron a la Ley de Comunicación Social y la que rige a los servidores públicos, que forman parte del mencionado “plan B” de AMLO.
Creel indicó que esta acción de inconstitucionalidad es fundamentalmente porque se ha autorizado que los servidores públicos hagan campaña, que la propaganda que realicen simple y llanamente no se tome en cuenta para ningún tipo de sanción.